ENTREVISTA A MANUEL RICO

Periodista y abogado, acumula más de 33 años de trayectoria profesional. Fue redactor jefe de Interviú, subdirector de Tiempo, subdirector de Público y en 2013 cofundador de InfoLibre, donde fue director siete años y jefe del equipo de investigación otros tres años. Es autor del libro “Vergüenza. El escándalo de las residencias”, y en 2021 recibió el premio de la Asociación de la Prensa de Madrid al Periodista Especializado y el premio José Couso de Libertad de Prensa. Actualmente es corresponsal en España del consorcio europeo de periodistas de investigación Investigate Europe. Entrevista por: Montse de la Cal ::
Imágenes: Pilu Cruz :: ¿Crees que vivimos en una sociedad edadista, que discrimina a las personas por la edad?
Creo que es una obviedad, no creo que nadie en su sano juicio pueda negarlo. Lo que ocurrió durante la pandemia es una demostración empírica brutal de que es así. ¿Qué opinas de las residencias de la tercera edad? ¿Te gustaría pasar tus últimos días en una de ellas? En España hay más de 5.200 residencias, algunas funcionan muy bien y otras son una catástrofe. Hay que pelear para que todas funcionen perfectamente. Yo no iría a una residencia propiedad de un gran grupo, controlada por un fondo de inversión, porque su concepto de una residencia va en contra de la calidad de los cuidados. Pero a lo mejor a una residencia pequeñita, que conociese más en profundidad, no me importaría. Según cifras oficiales, más de 20.000 personas fallecieron en geriátricos durante los primeros meses de la Covid-19 en nuestro país. A día de hoy, ¿crees que algunas de esas muertes se podrían haber evitado? La respuesta es evidente: sí. Porque de las más de 20.000 personas que fallecen en la primavera de 2020, hay más de 12.000 que mueren en las propias residencias sin recibir una atención médica adecuada. Si estas personas hubiesen recibido tratamiento médico, una parte se habría salvado. Obviamente no todas, habría fallecido un número importante, pero otra parte se habría salvado. Y luego tenemos otro elemento que va en esa dirección. En cuanto se producen las derivaciones a los hospitales se desploma el número de fallecidos. Por lo tanto, la respuesta es que sí. Y para mí es la mayor violación masiva de derechos humanos en democracia. En 2020 se decreta la pandemia y comienzas a investigar su impacto en los centros de mayores. En 2021 publicas el libro “¡Vergüenza! El escándalo de las residencias”. ¿Con qué realidad te encontraste? Antes de nada, yo creo que los periodistas, y yo el primero, tenemos que hacer autocrítica, en el sentido de que antes de la pandemia era muy raro que mirásemos a las residencias. Con lo cual, cuando yo empiezo a investigar era un sector que desconocía y me sorprendieron dos cosas: la situación en la que se encontraban muchas residencias cuando llega la pandemia y lo metidos que estaban los fondos de inversión. Es muy importante cómo estaban las residencias porque muchas veces hemos oído la metáfora del “tsunami”, “nos pilló a todos desprevenidos”, “no se podía hacer otra cosa”, dicen incluso algunos. Y la imagen del tsunami es muy cierta, vale, pero si el tsunami llega a las costas de Japón se encuentra unos edificios sólidos y unos unos servicios de urgencias y emergencia muy potentes. Y si llega a las costas de Haití, por ejemplo, arrasa con todo. Entonces, la pregunta importante no es si fue o no un tsunami, sino, ¿cómo eran las costas? Yo no digo que fuéramos Haití, pero desde luego estábamos muy lejos de ser Japón, y eso también influyó sin ninguna duda. ¿Qué ocurre con las defensas y la salud de una persona vulnerable si la encierran sola durante semanas en una habitación? ¿Y si además tiene las capacidades cognitivas deterioradas? Para las personas con deterioro cognitivo sus familiares son el único nexo con el mundo, y de repente, durante la pandemia, dejan de verlas y en cambio reciben visitas de personas con traje de astronauta que no saben quiénes son. Puedes imaginar cómo se sintieron. Hubo personas mayores que estuvieron encerradas meses en la habitación. En muchos casos la imposibilidad de visitarlos por los familiares se prolongó durante meses más allá de la primera ola y del encierro que todos sufrimos. Es casi imposible encontrar una persona mayor que no haya empeorado su salud mental o su movilidad durante la primera ola de la pandemia. ¿Qué protocolos se adoptaron que, según tu opinión, agravaron la situación? La primera ola afectó básicamente a cuatro comunidades. Por orden de mayor impacto, Madrid, Cataluña, y Castilla y León y Castilla-La Mancha. Esas cuatro comunidades tuvieron más del 75% de los fallecimientos en residencias. En las dos comunidades más afectadas, Madrid y Cataluña, se aprobaron protocolos, pero el de Madrid fue más brutal porque directamente prohibía trasladar al hospital a las personas con dependencia física, por ejemplo las que iban en silla de ruedas, o con deterioro cognitivo. Lo cual afectaba a la inmensa mayoría de las personas que vivían en residencias. El resultado es que 7.291 personas fallecieron en los dos primeros meses en las residencias de Madrid sin recibir una atención médica adecuada. En Cataluña se aprobó un protocolo que era menos salvaje en sus términos pero que tuvo efectos muy similares, muriendo más de 2.700 personas en dos meses. Y en Castilla-La Mancha, donde no hay noticias de un protocolo, sí que tenemos información sobre residencias muy afectadas. Hay datos que apuntan a que en torno al 70% de los fallecimientos se produjeron en los propios centros, sin derivación a un hospital. Al igual que en Castilla y León. Médicos sin Fronteras y Amnistía Internacional denunciaron el desamparo de los ancianos en las residencias y la violación de 5 derechos fundamentales de las personas, al igual que tú mismo acabas de decir hace un momento. La gran pregunta es: ¿cómo es posible que la sociedad lo permitiera? A mí me parece incomprensible. A lo mejor en abril y mayo de 2020, mientras lo estábamos viviendo, todos estamos encerrados en estado de shock y no disponíamos de toda la información. Pero es que ahora ya sabemos lo que ocurrió. Hablamos de miles de personas que murieron abandonadas, ahogadas en su tos, muchas de ellas deshidratadas, desnutridas, que no podían pedir ayuda, que no sabían lo que pasaba. No es sólo la muerte, es la forma en que fallecieron, que es salvaje. Y si cabe un elemento de injusticia adicional, es la generación a la que se lo hemos hecho, la generación que levantó el estado de bienestar en España, que trajo la democracia. ¿Qué hubiera ocurrido si en vez de encerrar a los mayores hubiesen encerrado a los jóvenes en sus residencias de estudiantes? Se habría producido una revolución. Está claro que la pandemia solo ha agravado y destapado el sufrimiento que viven muchas personas en situación de dependencia. ¿Qué deficiencias estructurales tiene nuestro sistema de residencias? Tiene muchísimas, pero la más grave es la falta de personal. Especialmente las gerocultoras; lo digo en femenino porque más del 90% son mujeres. Las ratios de personal, aunque varían mucho dependiendo de la comunidad autónoma, están de media en torno al 0,3. Es decir, 3 cuidadores por cada 10 residentes. En los países nórdicos, que son el modelo a seguir, está por encima de 1. ¿Qué necesitamos entonces?: triplicar el personal. No se puede hacer de un día para otro porque son muchos recursos económicos, pero es la gran laguna. El personal es fundamental, porque si a una persona la levantan a las 6 de la mañana es porque hay poco personal y no les da tiempo a levantarles, asearles y que estén desayunando a las 9. Lo mismo ocurre cuando un residente está 12 horas frente a un televisor y ninguna gerocultora tiene 15 minutos para hablar con él. Algunos de los que hemos visitado residencias a diario hemos comprobado que aunque se cumpla la ratio en papel, la ratio presencial es escandalosamente menor. Efectivamente, las ratios que se exigen son unas ratios sobre el papel; dependiendo del número de personas que vivan en una residencia, hay que tener “equis” trabajadores. Pero los trabajadores tienen vacaciones, se ponen enfermos, etc. Por lo tanto, la ratio que realmente debería figurar y la importante es la ratio presencial. Por ejemplo, usted tiene que garantizar que haya siempre aquí 20 trabajadores. Si para ello tiene que tener en plantilla 25, usted sabrá cómo organizarlo que para eso es la empresa. Esto sería un cambio fundamental que no está planteado en las leyes existentes. Además de la escasez de personal, ¿qué otras deficiencias graves sufren las residencias españolas? Pues en segundo lugar se debería coordinar correctamente la Atención Primaria con los Servicios Sociales. Y lo tercero sería contar con un modelo de inspección serio que responda realmente a ese nombre. Bueno, además hay otros elementos estructurales como que en España hay más de mil macro-residencias, centros con más de 120 plazas. Algunas en Canarias, y especialmente Madrid, superan las 500 plazas. Es algo que debería eliminarse, con un periodo para reformarlas, por supuesto. Pero la pandemia demostró que la mortalidad fue mucho mayor en las grandes residencias. No sólo en términos absolutos, que es lógico, sino en términos relativos. Los familiares se quejan de que las residencias saben cuándo va a ir la inspección a visitarlas. Que se avisa de las inspecciones lo he escuchado reiteradamente durante estos tres años. Acaba de ocurrir un ejemplo en Galicia, donde ha habido personal administrativo que lo ha denunciado. Más allá de que ocurra, que en ocasiones ocurre, en España hay dos problemas estructurales con la inspección. Uno es que no hay inspectores; en febrero de 2020, cuando llega la pandemia, había poco más de 220 para más de 5.200 residencias y cerca de 375.000 residentes, lo cual es una broma. Pero hay un segundo problema, que es el modelo de inspección. En España es muy de fijarse en temas de procedimiento, digamos, pero no en la calidad de vida de los residentes. Existe un modelo de inspección en Europa que se podría imitar, el de Alemania, que se apoya en tres ejes. Primero, todas las residencias tienen que mandar unos índices de calidad a una comisión independiente. Un ejemplo de índice de calidad es el número de caídas que ha habido y sus consecuencias. Segundo, el inspector durante su visita selecciona un grupo de nueve residentes con los que hablar sobre cuál es su día a día, sus quejas, o los aspectos positivos. Y, tercero, con toda esa información los inspectores se reúnen con el responsable de la residencia para ver cómo se puede mejorar. Porque las inspecciones no deberían tener solo un elemento punitivo, a ver si encuentro un fallo para poner una multa, debería haber también un elemento de mejora del sistema. Hablemos de los trabajadores. ¿Hemos convertido los cuidados en explotación laboral? ¿Quién cuida al cuidador, que recibe críticas de todas partes y nadie les aplaude? Se juntan diversos elementos discriminatorios. Como los mayores no están valorados en la sociedad, quienes se encargan de cuidarles tampoco lo están. Luego está el elemento de género, más del 90% son gerocultoras, mujeres, así que la discriminación tradicional de género en el mercado laboral y las condiciones de precariedad, también se manifiestan aquí. La realidad es que en España las gerocultoras son mileuristas, con la excepción de Vizcaya y Guipúzcoa, porque tienen un convenio propio que es muchísimo mejor. El resto de territorios se rige por el convenio estatal. Tanto en Vizcaya como en Guipúzcoa trabajan 200 horas menos al año y ganan unos 300 euros más al mes. En Vizcaya y Guipúzcoa fueron especialmente significativas las huelgas de las gerocultoras hace años, y recientemente han hecho otras para conseguir un nuevo convenio y lo han conseguido. Hay un sindicato en este sector que lo está haciendo especialmente bien, que es ELA. Yo creo que los sindicatos estatales deberían copiar lo que está haciendo bien ELA y ponerlo en práctica en el resto del Estado. Vamos con la parte lucrativa, ¿cómo funciona el negocio de las residencias? Existen más de 5.200 residencias en el conjunto de España. El 89% de ellas son de gestión privada. En comunidades como Madrid, Cataluña y Cantabria llega al 94%. Es un sector completamente en auge para el capital transnacional, los grandes fondos de inversión, por dos cuestiones: tienen una clientela garantizada y hay dinero público, por la Ley de Dependencia. Estamos hablando de más de 2.000 millones de euros al año de las administraciones públicas que terminan en empresas privadas. La mayor parte de ese dinero se lo quedan los grandes grupos, no las pequeñas residencias de un núcleo rural de Galicia o Extremadura. ¿Qué grandes grupos gestionan los centros geriátricos? En España hay ocho grandes grupos. Cuatro de ellos están en manos de fondos de inversión, uno tenía como principal accionista a un fondo de pensiones y los otros tres a multimillonarios franceses o españoles. El multimillonario español es Florentino Pérez a través de Clece. Estos ocho grandes grupos controlan en torno al 25% del total de plazas en España. Dentro de esos grandes grupos es muy importante el funcionamiento de los fondos de inversión. Los fondos que invierten en residencias son un tipo muy específico que se llaman de capital privado, “private equity” en inglés. Esos fondos consiguen dinero para invertir por ejemplo en comprar una residencia y en la misma ronda compran una cadena de supermercados. La característica esencial es que por contrato, en un periodo de entre 5 y 7 años, tienen que volver a vender, es como ganan dinero los que han puesto la pasta, con la reventa de ese negocio. Por lo tanto, lo que buscan es dar un pelotazo y obtener la máxima ganancia posible. No lo ocultan, es su tipo de negocio, se dedican a esa actividad. Suelen comprar con operaciones de endeudamiento enormes, con lo que necesitan de negocios que tengan mucho efectivo para repagar la deuda con rapidez. Las residencias son un negocio con mucho efectivo porque todos los meses la administración o la persona mayor les paga la mensualidad. Para logar exprimir al máximo el negocio de las residencias en cinco años solo hay dos vías, el personal, que supone en torno al 60% de los costes, y la alimentación, en torno al 15%. Y eso es lo que explica que las quejas de los familiares sean permanentemente sobre la escasez de personal y la alimentación deficitaria. Todo esto lo puede comprobar cualquier persona que entre en las web de esos fondos, porque lógicamente de lo que ellos presumen no es de la excelente gestión que hicieron con las personas mayores de la cadena de residencias que adquirieron en España, Francia o Alemania, no; presumen de que tal negocio les generó un 30% de beneficio. Simplemente, por su tipo de negocio, en mi opinión ese tipo de fondos no debería poder gestionar residencias de personas mayores. En los últimos tres años ha habido algunas denuncias como la interpuesta por familiares de la residencia de Elder en Tomelloso (Ciudad Real), donde murieron 75 personas entre marzo y junio de 2020. ¿Nos puedes decir cómo van estas causas? Hay alguna que está viva, sobre todo en Cataluña, que va a terminar con juicio, pero la inmensa mayoría se han archivado o ni siquiera se ha abierto un procedimiento. En Castilla-La Mancha tenemos el ejemplo de Elder que es brutal. Yo seguí las declaraciones de todos los testigos, redacté cinco informaciones extensas sobre ello, y al final el caso se archivó. Para mí es completamente incomprensible con los testimonios que hubo. En Madrid se han interpuesto cientos de querellas por parte de “Marea de Residencias” y más de 60 denuncias ante la Fiscalía por parte de “Pladigmare”, y la inmensa mayoría se archivaron sin practicar una sola prueba. En Cataluña hubo una denuncia colectiva de familiares de más de 30 residencias que la fiscal también archivó sin recabar pruebas. Entonces, si yo defino lo ocurrido en las residencias como la mayor violación masiva de derechos humanos en democracia, la falta de investigación por parte de la fiscalía es uno de los mayores escándalos judiciales de la democracia. ¿Por qué se archivan todas las denuncias y qué papel está jugando la Fiscalía General del Estado? Yo creo que ha jugado un papel absolutamente lamentable. La Fiscalía General del Estado lo primero que debería haber hecho en junio de 2020 es nombrar en cada provincia a un fiscal responsable para investigar de oficio todos los fallecimientos, porque ya la perversión inicial es que sean los familiares los que tienen que ir detrás de la justicia cuando han ocurrido más de 20.000 fallecimientos localizados. A partir de esta primera negligencia absolutamente grave, pues todo lo demás. Porque los fiscales generales fueron viendo cómo archivaban denuncias sin hacer una sola prueba y no dijeron esta boca es mía. Y el Ministerio Fiscal es un organismo jerárquico, por lo tanto, la máxima responsabilidad es de la Fiscalía General del Estado. ¿Se ha llevado a cabo alguna Comisión de Investigación en las autonomías o en el Congreso? Se abrieron tres comisiones de investigación en Madrid, Cataluña y Castilla y León. En las tres comunidades hubo repetición electoral y lo primero que hicieron los gobiernos entrantes fue, en Castilla y León y Madrid clausurarlas directamente, y en Cataluña clausurarla y sustituirla por una Comisión de Trabajo que tiene un nivel muchísimo inferior. El Partido Socialista, que en Madrid apoyó la Comisión de Investigación, en Extremadura o Asturias votaba en contra. En el Congreso de los Diputados había una mayoría progresista y no se aprobó una Comisión de la Verdad. Al final llegamos al mismo punto, como hay un elemento de edadismo, como la sociedad no se levantó en armas por el fallecimiento de esas 30.000 personas, 12.000 sin asistencia médica, pues el poder judicial y político no han sentido la presión social y se han desentendido